El consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, propone contratar médicos sin especialidad. MARCIANO PÉREZ –
p. infiesta | león
En una década se jubilará el 46% de los médicos activos de la comunidad. Una tasa elevada que se agrava con la carencia real que existe para reponer a los profesionales en varias especialidades, entre ellas, Medicina de Familia. Se necesitan soluciones. Sin embargo, la propuesta de la Consejería de Sanidad lanzada esta semana en la Mesa Sectorial para contratar a licenciados sin MIR que vengan a ‘tapar’ el agujero que ya se nota en Atención Primaria, está disgustando a casi todos los sectores implicados en la Salud.
Después del rechazo manifestado por los sindicatos y varias sociedades médicas, ahora el Consejo de Colegios Médicos de Castilla y León denuncia que esa medida que baraja la Consejeri?a de Sanidad para contratar licenciados o graduados en Medicina, que cubran plazas de Atencio?n Primaria, Emergencias o de Urgencias, sin especializacio?n MIR, es «ilegal.
El Consejo manifiesta su «total rechazo» a la propuesta, que contraviene la legislacio?n espan?ola y comunitaria. «Es ilegal, ya que no puede ejercer como me?dico el que no este? habilitado conforme a la Directiva europea 86/457/CEE y el Real Decreto 853/1993 ni el que carezca de la especialidad correspondiente conforme al Real Decreto 931/1995», señalan.
A juicio de los colegios médicos, que presentaron hace quince días un concienzudo estudio sobre la demografía de estos profesionales que recoge ya las necesidades de especialistas, es «la falta de previsio?n de recursos humanos, incluida la poli?tica de jubilaciones, por parte de las administraciones nacionales y regionales», las causantes de la escasez de facultativos. También, «la poli?tica de contratos precarios que se lleva tiempo empleando», inciden.
Por eso creen que «no existe justificacio?n para la contratacio?n de medicos no especialistas en la Sanidad pu?blica de Castilla y Leo?n por vi?a de la excepcionalidad». El Consejo «se opone firmemente» y anuncia que estará vigilante para denunciar estas contrataciones si se produjeran. «Es indispensable tomar medidas correctoras previas y negociadas que eviten situaciones excepcionales en el derecho a la asistencia sanitaria», remarcan.
El consejero, Antonio Sáez Aguado, justificó la propuesta en que sería «únicamente para dar respuesta a situaciones extremas por déficit de personal en áreas de salud concretas». Sin embargo, los sindicatos consideran esa medida «una aberración y un desprecio hacia la Medicina de Familia».
Junto con el Consejo, también UGT está dispuesta a acudir a la Fiscalía para denunciar la posible contratación de licenciados sin cursar los cuatro años de la especialidad. Es más, Ángel Alcoba anima a los ciudadanos a que, a título particular, acudan a los tribunales, si llega el caso.
«Es como dar el título de carpintero a alguien por haber colgado un cuadro», señala el ugetista Alcoba, para quien «se está dejando caer el sistema de salud» y la escasez de facultativos «no se produce por casualidad, sino porque la consejería no ha hecho bien los deberes, no ha planificado y su programación ha sido muy deficiente».
Las tres alternativas que planteó la consejería para cubrir plazas de medicina familiar cuando se requieran son: exprimir «al máximo la captación de médicos de familia»; acudir a otros especialistas para contratar en la Atención Primaria; y de forma «extraordinaria y cuando las otras no sean posible», con profesionales «sin la especialidad», un paso que ya se ha dado en otras comunidades autónomas, según explicó Sáez.
Entre las voces contrarias a esas ideas también destaca la de la Sociedad Castellana y Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (Socalemfyc), organismo crítico que consideró esta práctica como «ilegal y peligrosa» y que contraviene la legislación.
En la misma línea, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) ve «disparatada e inadmisible» la propuesta de la Junta de contratar médicos de familia sin especialidad. Rechaza esa medida, destinada a dar respuesta al déficit de facultativos, por ir en contra de la seguridad del paciente y manifestó su malestar ante la posible solución de contratar a facultativos que no tengan un título de especialista y no cuenten con la formación MIR.
